A raíz de la noticia en la que se destaca que la Generalidad Catalana ha manifestado la intención de incluir en las aulas de los centros escolares un programa de detección de la radicalización violenta, nos surgen varias preguntas: ¿qué es la radicalización violenta?, ¿qué se tratará de detectar con el programa?, ¿hay experiencias a nivel comparado que nos indiquen que es lo más adecuado?, ¿es una labor que debe recaer sobre la función docente? Bien, vayamos por partes para tratar de dar respuesta a todas estas preguntas.
En un primer momento, debemos decir que la idea en la que los centros educativos son un lugar de detección de la radicalización violenta no es nueva. Ya en los planes del Ministerio del Interior y de la Federación Española de Municipios y Provincias se habla de la necesidad de que se realice esta labor desde los centros educativos. Pero todo ello forma parte de la implantación de una “cultura de la seguridad” en la que se trata de trasvasar la responsabilidad de detección de potenciales terroristas a toda la sociedad, que es una idea más amplia que se recoge en todas las directivas de seguridad nacional. Y, claro está, que desde esta perspectiva, un lugar privilegiado para la detección son los centros educativos, fundamentalmente porque por allí (en teoría) pasarán todos los potenciales terroristas. Pero, quizás, esta aseveración no sea tan sencilla y estemos hablando de un problema poliédrico en el que estas “soluciones” pueden crear el caldo de cultivo para generar una reacción contraria a la pretendida. Antes de creer que los problemas son sencillos, conviene que nos paremos a reflexionar sobre la complejidad de los mismos y, por tanto, que las soluciones también deben ser complejas. No olvidemos que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo (VUCA World).
Centrándonos en la cuestión principal y para responder a la primera pregunta, ¿qué es la radicalización violenta?, hay que manifestar que no tenemos una conclusión clara. Sobre todo, porque la radicalización violenta puede tener múltiples tipologías y vertientes (ideologías de extrema derecha, de extrema izquierda, fundamentalismos religiosos,…) y no todas tienen la misma definición, ni características. Esta parte debe quedar meridianamente clara en cualquier plan, porque no podemos detectar aquello que no conocemos, o simplemente, que no hemos definido correctamente.
La respuesta a la segunda pregunta es más sencilla, ¿qué debe detectar un programa de estas características? En teoría debe detectar aquellos individuos que presenten factores de riesgo para poder cometer atentados terroristas o estar inmersos en un proceso que los lleve a la justificación real y práctica de la violencia con un fin determinado. Pero, aquí hay que decir que no existen unos factores claros en el caso del terrorismo (ni siquiera se ha consensuado una definición ampliamente aceptada de terrorismo). Aunque sí sabemos que desde el ámbito universitario se ha desarrollado una herramienta de valoración del riesgo de violencia terrorista (VERA, TRAP18, ERG22+), pero que es de muy difícil aplicación a niños y jóvenes, o simplemente no es adecuado que los profesionales de la educación las implementen en centros educativos, porque no es su fin. En definitiva, obtenemos la idea de que no existen factores de riesgo claros en este problema, y, que ni mucho menos, son factores que operen en todas las personas por igual.
En cuanto a la tercera de las preguntas iniciales, se podría considerar que las experiencias comparadas en este sentido, por lo menos lo que nos llega desde Francia, nos indica que estos programas, por un mal diseño y una mala aplicación no generan el efecto deseado, sino más bien el contrario. Ejemplo de todo ello es que ni siquiera se ha podido poner en marcha un programa desradicalizador en prisión (por lo menos en Francia, aunque sí hay uno que puede ser prometedor en Arabia Saudí, pero en el que se trabaja en múltiples componentes).
Estamos de acuerdo en considerar que la detección de potenciales terroristas no es una labor de los docentes o de los centros educativos, otra cuestión diferente es que colaboren con los profesionales encargados de esta prevención. Y, ya para terminar y como conclusión final, si tenemos un programa en el que los profesores son capaces de detectar a futuros terroristas y así lo hacen, después de eso, ¿qué hacemos? Pues bien, una propuesta que pudiera ser prometedora es que se trabaje en la aulas, de manera genérica, la prevención de la violencia, pero que no sean lugares de detección y detención.
Abel González es director del departamento de Criminología en UDIMA y presidente de la Federación de Criminólogos de España. Pedro Campoy es director técnico de School Safety y criminólogo experto en violencia juvenil y convivencia escolar
